La prolongada paralización del gobierno de Estados Unidos (shutdown) genera crecientes complicaciones en la aviación comercial. La Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA) suspendió los servicios de "fila rápida" (fast track) en aeropuertos clave, afectando directamente a los pasajeros de clases premium de aerolíneas como Delta.

La medida impacta aeropuertos como el JFK en Nueva York y Los Ángeles, donde el servicio premium de Delta One, que incluye acceso a filas de seguridad exclusivas, quedó suspendido. La TSA reasignó al personal de estas filas prioritarias para gestionar las filas de pasajeros "comunes", según nuestro medio asociado Aeroin.

Esta situación es consecuencia de la falta de aprobación del presupuesto para el año fiscal 2026. Empleados públicos federales, incluyendo personal de control de tráfico aéreo (ATC) y de la TSA, llevan semanas sin percibir sus salarios. Esto derivó en una reducción de servicios y un aumento de las licencias médicas, impactando la operación aérea.

Ante este escenario, Delta Air Lines envió una carta al Congreso estadounidense. En la misiva, la compañía "implora que se apruebe inmediatamente una resolución provisoria para reabrir el gobierno".

La solicitud de Delta

Delta busca que los controladores de tráfico aéreo, agentes de la TSA y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), "responsables por la seguridad y eficiencia de nuestro espacio aéreo nacional, puedan recibir los salarios que merecen".

La aerolínea subrayó que la falta de pago "solo aumenta el estrés de estos trabajadores esenciales, muchos de los cuales ya están haciendo horas extras obligatorias para mantener nuestros cielos seguros".

Delta destacó que transporta medio millón de pasajeros diarios en 5.000 vuelos, operaciones que dependen de esos empleados federales y que ahora enfrentan riesgos de demoras.

X de David Shepardson

Contexto político

El bloqueo presupuestario continúa en el Congreso. La Casa Blanca utiliza los argumentos de las aerolíneas y operadores aéreos para presionar a los legisladores. El gobierno de Donald Trump acusa a la mayoría republicana en las cámaras (insuficiente para una aprobación sin consenso) de obstaculizar la votación.