Ni en Navidad el programa F-35 se salva de los informes lapidarios del Pentágono

El programa F-35 Joint Strike Fighter cierra el año 2025 no con soluciones, sino con la certificación oficial de una crisis de gestión que ya ha trascendido lo técnico para convertirse en un riesgo sistémico. El reciente informe del Inspector General del Departamento de Defensa (DODIG-2026-039), publicado el 19 de diciembre, actúa como la "evidencia forense" de las advertencias que planteamos en septiembre pasado sobre la falta de predictibilidad y los sobrecostos del programa.

Mientras que el informe de la GAO de septiembre ponía el foco en los cuellos de botella de la producción y el desarrollo del TR-3, esta nueva auditoría de la OIG disecciona el sostenimiento (sustainment) y revela una desconexión alarmante entre el gasto público y la capacidad operativa real.

La renuncia a requisitos como norma

Uno de los puntos más críticos que mencionamos en nuestra nota de septiembre fue la creación de una "flota fantasma": células entregadas pero no aptas para el combate. El informe del 19 de diciembre eleva esta preocupación al plano contractual.

La Inspección General (DoD OIG) revela que la Oficina del Programa Conjunto (JPO) ha omitido deliberadamente las métricas de Capacidad de Misión Completa (FMC) y Disponibilidad de Células (AVA) en los contratos de sostenimiento de junio de 2024. En lugar de penalizar a Lockheed Martin por el pobre desempeño operativo, el JPO optó por disolver las exigencias del pliego. Esto no es solo una falla administrativa; es una capitulación técnica. Mientras la GAO criticaba los incentivos perversos, la OIG confirma que el Departamento de Defensa (actualmente Departamento de Guerra) ha desembolsado 1.700 millones de dólares por un servicio que no alcanza los estándares mínimos de disponibilidad exigidos por las Fuerzas Armadas.

Capacidades operativas en tensión

Desde la perspectiva de la capacidad operativa, la brecha entre el F-35 y los sistemas de cuarta generación que reemplaza (F-16, F/A-18) se está volviendo paradójica:

• Dominancia en información vs. disponibilidad física: El F-35 ofrece una conciencia situacional inalcanzable para cualquier plataforma previa gracias a la fusión de datos. Sin embargo, el informe de diciembre confirma que esta complejidad es su talón de Aquiles. La tasa de disponibilidad es tan errática que la ventaja tecnológica se ve anulada por la incertidumbre logística.
• Ciclo de vida hipotecado: El incremento de 38.000 millones de dólares en costos de ciclo de vida por el desgaste prematuro del motor F135 no es una proyección teórica, sino una realidad operativa que el informe de la OIG vincula con la incapacidad de gestionar piezas de repuesto y datos de inventario.

El "apagón" de datos técnicos y logísticos

Los altos mandos militares saben que un sistema de armas es tan eficiente como su cadena de suministro. Aquí radica la diferencia más profunda entre el análisis de septiembre y el nuevo informe:

• En septiembre, el foco eran las 4.000 piezas faltantes en la etapa final de ensamblaje.
• En diciembre, la OIG revela que el Gobierno carece de visibilidad sobre el inventario que ya ha pagado. Lockheed Martin no ha integrado los datos en el sistema de propiedad del Gobierno (Government-Furnished Property Module).

Esta opacidad genera una incógnita operativa crítica, ya que el Pentágono no puede verificar de forma independiente qué repuestos tiene ni dónde están. Esto sitúa la transferencia de funciones de mantenimiento a la Fuerza Aérea y la Armada, prevista para 2027, en un escenario de altísimo riesgo de parálisis logística.

Limitaciones, riesgos e incógnitas

El informe de la OIG deja claro que el uso de Acciones Contractuales no Definitivas (UCA) —contratos donde el precio y los términos se acuerdan meses después de que el trabajo ha comenzado— se ha vuelto la norma operativa. Esto genera riesgos sistémicos en:

• Seguridad de vuelo: la insuficiente supervisión de los Delegados de Supervisión Contractual (COR) en las bases operativas aumenta la probabilidad de que deficiencias críticas de calidad pasen desapercibidas.
• Degradación del Bloque 4: el retraso del TR-3, sumado a la falta de incentivos en el mantenimiento, sugiere que la flota actual podría quedar estancada en una configuración "interina" degradada durante gran parte de esta década.
• Subordinación al contratista: sin acceso a los datos técnicos y de inventario, las Fuerzas Armadas norteamericanas pierden su soberanía logística, quedando cautivas del contratista original (Lockheed Martin) para cualquier despliegue de largo aliento.

¿Puede haber superioridad aérea con servidumbre logística?

La advertencia de la GAO de septiembre sobre un colapso en la predictibilidad quizás llegó tarde. El informe de diciembre confirma que el colapso ya ocurrió y que el Departamento de Defensa opera hoy bajo un estado de excepción contractual. Esta maniobra parece diseñada para ocultar la debilidad estratégica y mantener, a cualquier costo, el ritmo de reemplazo de las plataformas de cuarta generación. Parece tratarse de una "huida hacia adelante": incorporar la mayor cantidad de células incompletas con la esperanza de que los fallos estructurales se resuelvan a posteriori.

En este escenario, la pregunta ya no es cuándo se estabilizará el programa F-35. La verdadera incógnita es cuándo recibirán los clientes —especialmente los socios europeos— sus células con el estándar definitivo del Bloque 4, y si alguna vez tendrán un control logístico real sobre el sistema. Si el Pentágono no instituye una reforma profunda que reinstaure la rendición de cuentas, recupere la visibilidad sobre sus inventarios y retome la autoridad sobre sus contratos, el F-35 corre el riesgo de transformarse en un monumento a la ineficiencia.

El resultado sería tan paradójico como peligroso: el caza más avanzado de la OTAN, diseñado para dominar los cielos del siglo XXI, podría terminar incapacitado para hacer valer su peso tecnológico en el frente, porque sus células languidezcan acumulando polvo en las bases de retaguardia.